Después de cuatro décadas de minería en galería
dedicada a la extracción de sílice y caolín, en 1963
comienzan las explotaciones mineras a cielo abierto
cuando se demanda desde Castellón el llamado “oro
rojo”: la arcilla. Una actividad que creció exponencialmente
al ritmo que marcaba el lobby cerámico y
supuso el inicio de la devastación que nuestro territorio
padece desde hace más de 50 años. Se trata
de un sector que creció sin Planeamiento previo y,
sin esta herramienta indispensable, atender a los
intereses de un sector que comenzaba a crecer
desaforadamente es la causa principal de por qué en
la actualidad nos encontramos en una situación de
absoluto desamparo. Se instauró una “política” del
TODO VALE y de una cultura “minera” que, paralelamente,
instaló en la mentalidad del pueblo
villarenco un pensamiento de minería=progreso que
para nada obedece a la realidad palpable. Un
municipio que no recibe beneficios económicos
mientras padece una actividad con unos impactos
medioambientales hoy ya insostenibles: pues la
actividad minera no genera beneficio alguno para el
Ayuntamiento… si, como en la obra de teatro AQUÍ
NO PAGA NADIE.


Esta ausencia de planeamiento ha conllevado –paralelamente-
que el sector haya crecido de manera
ILEGAL, pues en estas más de cinco décadas la
Complicidad Administrativa se ha demostrado incapaz
de REGULARIZAR a unos mineros que pasan
olímpicamente de normas, leyes y disposiciones
judiciales y que, gracias a esta permisividad, se
siente impune y vemos cómo algunos de ellos
actúan con maneras abiertamente mafiosas (agresiones
y amenazas de muerte incluidas). Dos casos
recientes lo evidencian: la mina “Vicentica” tiene
orden de cierre de la explotación, emitida por la
Conselleria de Territorio en enero de 2017, por estar
en Suelo No Urbanizable y carecer del preceptivo
permiso de explotación por la Conselleria de
Industria y de la Licencia de Actividad por parte del
Ayuntamiento desde hace más de 30 años… mientras
el Alcalde explica a Levante EMV que el
Secretario del Ayuntamiento “está estudiando la fórmula
legal para cerrar la explotación” (un personaje
que lleva desde 2005 ¿estudiando la “fórmula legal”
para cerrar una actividad que no tiene Licencia
Municipal?); el segundo caso es el juicio de hace
unas semanas a un palista y al empresario por amenazas
y agresiones (se publicó en ese periódico en
febrero de 2017) a una excursión de participantes
en las III Jornadas de Minería y Desarrollo
Sostenible que, como no podía ser menos, han sido
absueltos. Una vez más impera la política del TODO
VALE para ellos. Y el “aquí no paga nadie” se fue
convirtiendo en AQUÍ COBRA TODO EL MUNDO.
Así que estamos como en el tercer mundo.
Aceptando de manera sumisa un desarrollo a todas
luces insostenible, con unas formas claramente
depredadoras y mafiosas… y Castellón en la sombra,
sin implicarse en un tema que sí que le compete,
porque hasta ahora y como territorio está funcionando
como un país rico que explota a otro pobre.
A estas alturas el tema es ya de tal relevancia que
hasta el propio Ximo Puig, el M. H. President de la
C.V., debería tomar cartas en el asunto. Para
Castellón es una cuestión de mantener y aumentar
su economía, mientras que para nosotros es una
cuestión de empobrecimiento y de supervivencia.
Hora es ya de que los beneficios reviertan también
en nuestro territorio, de manera que posibilite la
creación de empresas para la rehabilitación paisajística
y forestal y que creen empleo en nuestra zona.
De lo contrario deberemos cambiar el nombre del
pueblo: de Villar del Arzobispo a Villar de las Minas.

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